El opositor Carlos Ocariz, vocero de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la solicitud del revocatorio, aseguró hoy que, pese a que el Gobierno venezolano insista en que el proceso no se celebrará, el referendo presidencial dependerá de la "presión" que ejerzan sobre las autoridades.
"Hay un Poder Electoral que, en teoría, es autónomo e independiente, a ese Poder Electoral es al que hay que obligar a que cumpla con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo", dijo el también alcalde del municipio Sucre de Caracas en una entrevista con el canal privado Globovisión.
"La MUD ha anunciado que va a seguir presionando", dijo para referirse a un plan de la alianza de partidos, que ha dicho que presionarán con manifestaciones en las calles al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El burgomaestre sostiene que las autoridades del Estado venezolano se oponen a un revocatorio que pueda terminar con el mandato de la Presidencia de Nicolás Maduro, "pero no depende de ellos, depende del pueblo".
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"Depende del pueblo con la presión popular, depende del pueblo con la organización popular de manera pacífica para lograr que los poderes públicos funcionen", indicó.
Hay un Poder Electoral que, en teoría, es autónomo e indepen-diente, a ese Poder Electoral es al que hay que obligar a que cumpla con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo". Carlos Ocariz, vocero de la alianza MUD.
El oficialismo ha dicho en reiteradas oportunidades que los opositores no podrán solicitar el referendo revocatorio con el que esperan acortar el mandato de Maduro porque, aseguran, no cuentan con el tiempo suficiente para que los plazos de la solicitud se den este mismo año, y porque las firmas serían fraudulentas.
El chavismo sostiene que se requiere de 243 días para cumplir con el cronograma de un proceso revocatorio, lo que excede la cantidad de días que restan de este año, por lo que de concretarse, el referendo se haría en el primer trimestre de 2017.
Ocariz aseguró que las declaraciones del oficialismo sobre este proceso se dan porque "los poderosos no quieren que el pueblo se cuente", pero que lo importante "es la organización popular para evitar que los poderosos quieran eternizarse en el poder".
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La oposición está urgida de que el trámite se celebre este mismo año, único periodo en el que es posible remover a Maduro y a su Gobierno.
La ley establece que si el jefe de Estado es revocado en la mitad de su mandato -momento en el que se encuentra Maduro ahora-, las autoridades deberán convocar a nuevas elecciones, pero si el cese ocurre en los dos últimos años de su Gobierno, será sustituido por su vicepresidente que concluiría periodo, en este caso, en 2019.
El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, aseguró el pasado domingo que el referendo revocatorio que intenta solicitar la oposición para cesar el mandato de la Presidencia de Nicolás Maduro no se celebrará por errores en el trámite.
Decretan emergencia
El Gobierno de Venezuela oficializó ayer la declaración del "Estado de Excepción y Emergencia Económica" por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
- 242 días se requieren, según el chavismo, para cumplir con el cronograma del revocatorio.
"Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación", señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida ayer. Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Esta norma da atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar, "incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución" de productos de primera necesidad.