El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ordenó hoy suspender el alza anunciada de la tarifa eléctrica, que provocó un rechazo generalizado en el país, y pidió al Parlamento que apruebe una dispensa fiscal ya solicitada para permitir que el Estado asuma el costo sin afectar su funcionamiento.
"En búsqueda de la tranquilidad social, que hemos mantenido en los cuatro años de Gobierno a través del diálogo y el consenso y escuchando al pueblo (...), dado instrucciones (...) de suspender de inmediato los efectos del ajuste tarifario", dijo Varela en un comunicado.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) anunció la semana pasada un alza en la tarifa eléctrica del 8,4 por ciento para el 24,5 por ciento de los usuarios, es decir, para aquellos que consumen más de 300 kilovatios hora.
El ajuste provocó diversas protestas públicas durante esta semana, así como el rechazo de gremios empresariales y de productores nacionales, y una convocatoria a paro el próximo lunes de los gremios educativos.
Entre los argumentos para el rechazo del alza de la luz está que afectará a sectores como la pequeña y mediana empresa y el comercio, lo que finalmente redundará en los precios de los bienes y servicios afectando especialmente a los más vulnerables.
Varela dijo este viernes que pidió a la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, "hacer lo necesario para que el Ejecutivo asuma los efectos del ajuste de la tarifa hasta tanto la Asamblea Nacional apruebe la dispensa fiscal", de 300 millones de dólares, "solicitada de forma responsable a los diputados".
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"De no aprobarse la dispensa fiscal solicitada (...) y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste" tarifario "se verán afectadas otras áreas del funcionamiento del Estado", alertó el presidente.
Repitió el "llamado respetuoso" al Legislativo, que ya hizo el pasado 1 de julio cuando ofreció su último informe de gestión anual ante los diputados, "para trabajar en conjunto y que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal sea aprobada para beneficio del país".
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el pasado 5 de julio ante el Parlamento, de amplia mayoría opositora, un proyecto de ley para elevar el déficit para este 2018 y acceder a 300 millones de dólares para gastos de inversión.
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La ministra Varela dijo este mismo viernes que el acceso a esos 300 millones de dólares daría espacio fiscal para que el Estado tomara de allí alrededor de 60 millones de dólares para absorber el alza de la tarifa eléctrica.
El jefe del Estado aseguró en su extenso comunicado que desde un principio mostró a los proponentes su "desacuerdo con el aumento de la tarifa eléctrica, tomando en cuenta hechos recientes que afectaron duramente la economía nacional como los 30 días de huelga en el sector de la construcción".
Pero que las explicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas señalaban que "no se contaba con el margen fiscal necesario para asumir el ajuste".
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Varela además repitió "la importancia de la aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal" propuesta al Parlamento, a fin de acceder a fondos que permitan "mantener" los 20.000 empleos que generan obras públicas que terminarán en los próximos meses y generar nuevas plazas.
Recalcó que cuando asumió las riendas del país en julio de 2014 el déficit fiscal era "superior al 5 por ciento", y que ahora está "en 1,5 por ciento como establece la norma, lo que ha representado un reto importante".
"En la administración anterior el subsidio eléctrico fue de 969 millones de dólares y este Gobierno lo redujo a 165 millones a la fecha. La diferencia, 804 millones de dólares, se utilizó en los aumentos de salario a los docentes, médicos, enfermeras, funcionarios del sector público y en los proyectos de la agenda social del gobierno", añadió Varela.