Unas 3.000 personas se concentraron hoy frente al edificio del Congreso paraguayo para mostrar su rechazo al proyecto de ley para la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que los sindicatos aseguran que es un paso hacía el "saqueo" de esos fondos y que alarga la edad de jubilación.
La protesta, en la Plaza de Armas, reunió a trabajadores de gremios de la educación, salud o transporte, que expresaron su rechazo tanto al proyecto como a su aprobación con modificaciones que hoy se debate en el Senado.
"No al saqueo jubilatorio" o "No a la jubilación a los 75 años" eran algunas de las protestas que se podían leer en las muchas pancartas que portaban los trabajadores, junto a banderas paraguayas y agradecimiento a la Iglesia católica por haber apoyado la movilización.
El presidente de la Federación de Educadores de Paraguay (FEP), Silvio Piris, uno de los sindicalistas que intervinieron en la Plaza de Armas, a la espera del tratamiento en el Senado, expresó su rechazo al proyecto y anunció que seguirán con la presión si los senadores lo aprueban en cualquiera de las dos versiones.
"Estos senadores que se van con una jubilación a los diez años, a nosotros nos condenan a 75 años", dijo Piris.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Aldo Snead, dijo a Efe que no están en contra de que las cajas de pensiones "sean fiscalizadas", sino a que "el Estado pase a administrar" esos recursos.
"Es una ley que va totalmente en contra de los trabajadores, especialmente en la parte de la gobernanza en la que el Estado paraguayo va a pasar a administrar los fondos jubilatorios y pensiones de los jubilados", expresó.
Snead también recordó que, en caso de que se apruebe, todavía tiene que pasar por el Ejecutivo, por lo que pedirán al presidente, Mario Abdo Benítez, "su veto total".
Ese mismo reclamo fue el de Rafael Resquín, secretario de formación de la Unión de Nacional de Educadores, que espera que Abdo Benítez, "que tantas promesas hizo a favor de los trabajadores", vete esa ley.
"Este proyecto de ley no garantiza, a nuestro parecer, los retornos de los préstamos que puedan hacerse del dinero de los trabajadores, y, por otro lado, da pie a la reglamentación de otros elementos que serían nefastos, como llevar los años jubilatorios a 75 años de edad, que es lo que se esta proyectando por debajo de la mesa", aseguró Resquín.
Resquín también se mostró partidario de que exista una regulación, pero al margen de la intervención estatal.
El Ministerio de Hacienda aseguró hoy en un comunicado que el proyecto no altera las reglas del juego de las jubilaciones y que se mantendrán los beneficios que corresponden a las diferentes cajas.
Este martes la Comisión de Hacienda emitió dos dictámenes sobre el proyecto: uno en el que se recomendaba la aprobación con modificaciones, que obtuvo el respaldo de la mayor parte de la comisión, y otro por el rechazo.
Los cambios sugeridos por la Comisión proponen limitar las atribuciones del superintendente, dar más peso al Consejo, integrado por representantes de los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como del Banco Central del Paraguay (BCP), en algunas decisiones y eliminar la inversión en títulos emitidos o garantizados por el BCP.
Las movilizaciones en contra fueron convocadas por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP).
El martes la Conferencia Episcopal Paraguaya emitió un comunicado instando a los trabajadores de las instituciones educativas católicas a "acompañar la movilización nacional" para "manifestarse pacíficamente y solicitar el rechazo" al proyecto.
La CEP también solicitó a los senadores que consideren el documento, ya que "afecta y compromete a todos los trabajadores y beneficiarios".
El proyecto de ley para la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, presentado por el Ejecutivo en 2017, cuenta desde el 16 de mayo con media sanción en la Cámara de Diputados.
La anterior ministra de Hacienda, Lea Giménez, calificó la aprobación de esta ley como una "una política de Estado".