Rosario Espinoza está sin empleo. Ya no percibe los C$6,500 que devengaba al mes por ser la asistente administrativa en una empresa distribuidora de productos de belleza. Ella es parte de las 347,000 personas que, según estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), perdieron su trabajo hasta julio provocado por la crisis sociopolítica que enfrenta el país.
Ahora su ingreso fijo es de C$500, los cuales obtiene cuando va una vez a la oficina a realizar las planillas del pago para los pocos trabajadores que quedaron. Ese drástico cambio la ha obligado a buscar otras alternativas para generar ingresos y cambiar los hábitos de alimentación de su hija de 3 años, quien recibe una pensión de C$1,400 mensual, pero que no son suficientes para las necesidades de una niña de esa edad.
“Me la he rebuscado. Como cerca de mi casa hay varios residenciales de lujo, me han buscado para que les limpie, allí me gano C$600, pero eso no es fijo. A mi niña le tuve que quitar la leche, ahora le doy jugos y galletas, que era algo que siempre se lo compraba cuando trabajaba y bebía leche. Suspendí el proyecto de meterla a clases porque es mentira, no me da”, dijo Espinoza.
Pese a vivir esta “mala racha” económica, esta mujer de 30 años se considera afortunada porque recibe el apoyo de sus padres en la alimentación, con lo poco que consigue solo le ajusta para los alimentos básicos de la niña, pero sí admite que han realizado cambios en la dieta diaria.
Lo mismo ocurrió con la familia de Ángela Urbina, quien dice que en su casa habitan cinco personas, todas mayores de edad. Después del estallido violento en abril de este año tres de ellos quedaron sin trabajo, el otro -quien tiene su negocio propio- vio una reducción del 70% en sus ingresos. En la casa de Ángela Urbina la carga económica recae en su esposo.
“Fueron dos meses difíciles para nosotros porque de un momento a otro dejás de percibir tus ingresos fijos. Antes nosotros destinábamos C$4,000 quincenal para los alimentos, pero después tuvimos que ajustarnos con C$1,500 (quincenal) para lo más básico, pues nos afectó porque uno está acostumbrado a que todos trabajen y a tener un estilo de vida diferente”, aseveró Urbina.
Dos meses después, dos de los integrantes de esa familia encontraron trabajo, pero con ingresos menores, uno de ellos retornó a su antiguo empleo de vendedor de medicamentos, donde obtiene C$8,000 -que es el salario básico-, ahora no recibe pago de horas extras ni comisiones por ventas, que en su total superaban los C$16,000 mensuales. Mientras que la otra persona alcanzó su último salario de C$10,000 como contadora de varias tiendas del mercado Oriental.
Reducir los alimentos y la energía
Previó a la salida de ese problema, la familia de Urbina tomó dos decisiones para enfrentar la etapa de desempleo: una fue comprar productos de marcas más baratas y la otra reducir las porciones de alimentos y consumir menos energía eléctrica para evitar un alza en el recibo.
“Cambiamos la marca del jabón, con el champú comprábamos menos y tratábamos de utilizar menos. Antes se compraban cosas extras, como galletas y avena, pero esas cosas ya no se hacían, ya se compraba una bolsa de pico que traía más y costaba menos, ya era diferente. La carne se cambió (…). Después de esto se buscaba huevo frito, queso, cosas con menos valor”, aseguró Urbina.
A pesar de que Espinoza y Urbina viven en puntos diferentes de Managua, con ingresos económicos distintos, comparten la inestabilidad laboral. El 80% de la economía en Nicaragua se basa en la informalidad hasta abril, pero desde entonces ha incrementado por la misma necesidad de subsistencia que agobia a las familias más pobres del país, las cuales difícilmente tienen ahorros para enfrentar una situación como la actual.
En esa condición de informalidad ha caído Lorenzo Sánchez, un ex trabajador de guarda de seguridad y zapatero del barrio Monimbó de Masaya. Participar en los tranques fue suficiente para que lo despidieran de la empresa donde laboraba y ser víctima de saqueo de su vivienda. Quedó literalmente “en la calle”, con deudas y cuya mensualidad es de US$100 y que era asumida con el salario de C$6,000 que devengaba como guarda y más de C$10,000 que obtenía por la elaboración de zapatos en su hogar.
Tras vivir ese cambio radical en sus finanzas, el hombre de 46 años, quien tiene a cargo a cuatro hijos de 21, 16, 14 y 8 años, su esposa le aconsejó solicitar al banco una reestructuración de crédito, obteniendo una aprobación para pagar una cuota de US$40 mensual. Ese crédito lo había adquirido para la compra de materia prima para la elaboración de zapatos, pero en la actualidad “se la rebusca” como vendedor ambulante de chinelas en el mercado de Masaya.
“Yo me quedé en la calle, me fui un mes a Panamá a buscar trabajo, pero como me di cuenta que andaban deteniendo a los jóvenes me tuve que venir para sacar a mis dos hijos mayores para Costa Rica. Ahora solo quedé con mi esposa y los dos pequeños, que buscamos como resolver. Ella ahora lava y plancha, y como sabe cocinar, cuando la buscan ella, va”, expresó Sánchez.
Los proyectos de crecimiento de su negocio están hundidos, sin esperanza de salir a flote en el corto plazo.
El éxodo
Otra familia que sufre en carne propia los estragos de la crisis en Nicaragua son los Solís Lumbí de Jinotepe, Carazo. Los cuatro integrantes de ese núcleo familiar abandonaron el país hace 22 días. La vida de ellos dio un giro de 180 grados después de tener estabilidad económica, un nivel de vida cómodo porque todos trabajaban en el sector educación, pero se vieron obligados a huir por temor a ser capturados o morir por la inseguridad que vive el país.
Las finanzas de esta familia se derrumbaron, vendieron los utensilios de cocina, el televisor y hasta la ropa de cama, porque necesitaban reunir el dinero suficiente para comprar los boletos para irse a España, los ahorros que tenían no eran suficientes.
“Las fotos de mis padres estaban circulando en las redes (sociales) solamente por haber asistido a las marchas, por dar un plato de comida, por haber pasado agua y medicamento a los muchachos que estaban en los tranques, por eso estábamos corriendo riesgo; no íbamos a esperar nos llegara el turno a nosotros como ocurrió con los jóvenes asesinados y presos. Después del ataque a Jinotepe, del 8 de julio, no podemos ir a Jinotepe. En la cuadra donde vivíamos habían muchas casas marcadas”, afirmó Jessica Solís, una joven de 28 años radicada en España y quien es licenciada en comunicación social y quien a inicios de esta semana comenzó a trabajar por medio tiempo en relaciones públicas en una empresa de cuero calzado.
Pese a sentirse “bendecida por Dios”, por encontrar un espacio laboral en su profesión en un país donde no tiene documentos, Solís resiente la situación que vive Nicaragua porque la obligó a vivir limitada en otra nación que es desconocida para ella. Su familia se dedicará al corte de uvas y piñas. En Nicaragua, ella era directora de un colegio en Santa Teresa, Carazo, y sus padres daban clases de reforzamiento a los alumnos del Colegio San José, en Jinotepe.
Todas las fuentes lamentan que esta crisis les ha obligado a caer a un nivel más bajo del que habían alcanzado con mucho esfuerzo hace algunos años, en donde la educación les había permitido mejorar sus condiciones y salir de la pobreza.