La embajadora saliente de EE. UU., Laura Dogu, manifestó este lunes ante un grupo de empresarios que cree que el Gobierno de Nicaragua no tiene interés de darle una solución negociada a la crisis sociopolítica, por lo que es muy probable que la comunidad internacional intensifique la presión e implemente mayores sanciones.
“Cuando se enfrentó con indicadores preocupantes de una economía debilitada, el régimen del presidente Ortega optó por ocultar la información. Cuando pudo haber negociado una solución política a la crisis, el presidente Ortega optó por señalar al sector privado de ‘terroristas económicos’ sin ningún rol en el futuro de Nicaragua”, expresó.
Dogu advierte de los altos “riesgos” de invertir en Nicaragua
El Gobierno nicaragüense “está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales; un país con la historia de Nicaragua sabe que ese camino conduce al desastre”, criticó Dogu.
“Sin una solución política a la crisis, Nicaragua podría estar renunciando a todo futuro financiamiento multilateral por un tiempo indefinido, lo cual traerá duras consecuencias”, destacó la diplomática estadounidense.
Dogu afirmó que Nicaragua no ha regresado a la normalidad y señaló que las sanciones a funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción son solo el comienzo y no el fin de las presiones.
Especialista comenta
Richard Feinberg, profesor de la Universidad de California en San Diego y especialista en relaciones EE. UU.-Nicaragua, opinó a través de un correo electrónico al que tuvo acceso El Nuevo Diario que la declaración de la embajadora Dogu significa algo “muy contundente de la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, que augura más sanciones financieras” para personas y empresas.
El académico también observó la crítica de Dogu al sector privado local por "darle más valor a la estabilidad que a la sostenibilidad", señalando que aun así el discurso “no logra articular una estrategia realista de los Estados Unidos”.
“Es un estilo similar a otras declaraciones de política recientes de los Estados Unidos; por ejemplo, hacia China, Irán. Es una lectura obligada para los seguidores de las relaciones Estados Unidos-Nicaragua”, comentó Feinberg.
Dogu brindó el discurso como despedida en la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), y concedió una entrevista a la revista de esta cámara, en la cual dijo que “las decisiones del presidente Ortega ya han costado US$500 millones de los recursos de Nicaragua que podrían haber sido utilizados para construir casas, iniciar nuevos negocios, dar tratamiento a los enfermos o educar a los jóvenes”.
Afirmó que se han perdido 350,000 empleos y un 5% adicional de la población ha caído en la pobreza desde abril pasado.
Al indicar que el turismo en Nicaragua “ha sufrido un gran retroceso”, la embajadora advirtió que “no habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”.
Dogu será relevada por Kevin Sullivan, hasta hace poco representante adjunto de EE. UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las inversiones
La embajadora Dogu dijo a la revista “Business”, de AmCham, que “la situación en Nicaragua ya no es incierta”, como la había calificado en marzo pasado, porque “ahora es negativa”.
Comentó que el Gobierno muestra falta de voluntad para encontrar “una solución pacífica a la actual situación mediante la realización de un diálogo nacional”, y enfatizó en que las violaciones a los derechos humanos y la falta de estado de derecho en el país tienen serias consecuencias.
Dogu: “No habrá retorno a la normalidad sin un cambio que incluya elecciones libres”
Dogu relató que cuando los inversionistas de EE. UU. piden consejos a la Embajada en Nicaragua, la respuesta es que este país “carece de las instituciones democráticas necesarias para un crecimiento económico sostenible”.
También les advierten sobre “instituciones públicas muy débiles”, y que “las deficiencias en el estado de derecho y la administración de justicia, y el extenso control del Ejecutivo han exacerbado significativamente los desafíos existentes para aquellos que actualmente hacen negocios en Nicaragua”.
“Los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos físicos, financieros y de reputación empresarial de hacer negocios en Nicaragua y deben tener mucho cuidado. Con nicaragüenses enfrentando sanciones, los inversionistas también deberán ejercer mucha diligencia para evitar participar en transacciones comerciales o financieras prohibidas”, recomendó Dogu.
Recordó que en la economía global, “las empresas no pueden permitirse asumir riesgos de reputación”.
“Ya he visto campañas en los Estados Unidos preguntando a las empresas por qué están comprando productos de Nicaragua. Estas campañas son similares a las campañas de los ‘diamantes de sangre’ que provienen de África. Las empresas pueden comprar los mismos textiles, café o carne de otros países que no ponen en riesgo su reputación. Este problema de la reputación no cambiará mientras el actual Gobierno permanezca en el poder”, comentó la embajadora.
Sanciones más fuertes
Dogu declaró que “es muy probable que la comunidad internacional continúe implementando medidas aún más fuertes contra el Gobierno” nicaragüense.
“En marzo predije que la Nica Act sería aprobada debido a la falta de democracia, la corrupción y la cercana relación del régimen con Rusia y Venezuela. El Congreso de los EE. UU. está al tanto de los asesinatos de manifestantes, las graves violaciones a los derechos humanos y el hecho de que el presidente no haya participado de manera creíble en el diálogo nacional”, expuso la diplomática.
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Recordó que recientemente el Senado de su país “endureció y amplió la legislación” y dijo que “es muy probable” que una vez que terminen las elecciones legislativas, en la primer semana de noviembre, se conozca la decisión final del Congreso sobre esa legislación.
Dogu también recordó que en marzo de este año dijo que “las maniobras para preservar la inmunidad de Roberto Rivas (ex presidente del Consejo Supremo Electoral) frente a la Ley Global Magnitsky, reafirmaron la debilidad del estado de derecho y la institucionalidad en Nicaragua”.
Posteriormente, la administración del presidente estadounidense Donald Trump sancionó a tres funcionarios nicaragüenses más bajo la Ley Global Magnitsky, por abusos a los derechos humanos y por corrupción, estos fueron el jefe de la Policía, Francisco Díaz; el tesorero del FSLN, Francisco López; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
“A través de estas sanciones, EE. UU. está demostrando que responsabilizará de sus acciones a los funcionarios que autorizan el uso de violencia y abusos. Como dijo la Casa Blanca en julio, esto es solo un comienzo a posibles sanciones, no el fin”, destacó Dogu.
Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN en inglés) emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de EE. UU. sobre el riesgo de que las ganancias, producto de la corrupción política en Nicaragua, puedan ingresar o atravesar el sistema financiero de ese país.
El aviso, según Dogu, es para todas las personas que estén involucradas o se beneficien de la corrupción, no solo los funcionarios públicos.
“Los EE. UU. también está revocando visas de funcionarios nicaragüenses y sus familias, incluyendo a las autoridades municipales, si estos funcionarios han sido responsables de violencia policial contra manifestantes, si han apoyado violencia parapolicial o si han impedido que las víctimas reciban atención médica”, informó.
“En el futuro, es probable que haya más compromiso y presión internacional” hacia el Gobierno de Nicaragua, enfatizó Laura Dogu.
“Nicaragüenses sueñan con un país más justo”
Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos que este martes regresa a su país, dio un discurso en marzo pasado, titulado “Camino al 2030”, advirtiendo que el futuro de Nicaragua era “incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia y la elección de ciertos socios internacionales”.
Dogu explicó este lunes que antes de abril de este año, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial expresaba que valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad, creyendo que el crecimiento traería oportunidades.
Pero, relató, al viajar por Nicaragua y reunirse con pequeños agricultores, jóvenes empresarios, estudiantes, mujeres líderes, comunidades indígenas, entre otros, supo que “los nicaragüenses soñaban con un país justo con oportunidades económicas para todos”.
Un país “donde la corrupción y la identidad política no limitaran las oportunidades a solo unos pocos. Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del Gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos y quieren elecciones libres, justas y transparentes. Lo que entienden es que la prosperidad, la seguridad y la democracia solo pueden funcionar bien cuando todas se complementan”, comentó Dogu en su discurso de despedida este lunes.
La diplomática señaló que “la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho son la base que permiten la prosperidad y la seguridad”.