La ingeniera química Marcela Vega, de 45 años, afirma que se convirtió el pasado 15 de mayo de 2018 en la primera trabajadora de la salud en ser despedida por participar en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.
Vega, originaria del pueblo indígena de Monimbó, laboró durante 10 años para el Ministerio de Salud (MINSA), como encargada de la distribución de sustancias químicas en el Hospital de Masaya.
Toda su experiencia y formación en ingeniería química, licenciatura en farmacéutica y máster en gerencia empresarial, no evitó que fuera despedida por “asuntos políticos”.
La ola de despidos en instituciones públicas de Nicaragua, según el último reporte de la Unidad Médica Nicaragüense, ha dejado a 316 trabajadores de la salud desempleados.
La mayoría de los doctores siguen luchando, a través de procedimientos legales, para ser reintegrados a sus labores; pero otros, como Vega, han preferido el exilio porque consideran que sus vidas corren peligro.
En las marchas
El delito que cometió Vega, según lo que ella misma refiere, es que sus superiores en el Ministerio de Salud le recriminaron por participar en las protestas y decir que los ciudadanos asesinados en Masaya, en su mayoría, eran estudiantes y personas honestas, no delincuentes. La primera marcha en la cual participó la trabajadora de la salud fue la del 20 de abril, en Masaya.
“Ese día no podía salir para ir a mi trabajo, entonces decidí ir a la casa de mi mamá. Ella vive en el centro de Masaya y yo en Monimbó, entonces tuve que cruzar hasta llegar al centro, allí vi que había una marcha, me integré y vi cómo la Policía masacró al pueblo, gente que iba pacíficamente”, rememoró Vegas.
Esa marcha marcó la conciencia social de Marcela, pues se encontró con un grupo de madres que “lloraban desesperadamente. Allí por la Plaza de Monimbó, porque querían sacar a sus hijos que se habían llevado presos el comisionado Ramón Avellán”.
“Me conmovió tanto ver llorar a las madres que pedían la liberación de unos 26 jóvenes, quienes habían sido detenidos y llevados a las celdas de Masaya, que decidí acercarme y organizarlas. Creamos una comisión de madres y les dije que llevaríamos a sacerdotes para que nos sirvieran de mediadores. Esa fue la primera liberación de 10 chavalos que se logró en Masaya”, detalló la ingeniera química.
La foto con comandante caperucita
Desde entonces, Marcela se volvió activa en las marchas y cuando Masaya se atrincheró detrás de barricadas hechas de adoquines, apoyó con la alimentación de los jóvenes.
Vega en ese entonces no era blanco de despido. Sin embargo, durante una de las manifestaciones se encontró con Fernando Gaitán Flores, conocido como “Comandante Monimbó o Caperucita” y le hicieron una foto.
Esa imagen ocasionó que el Minsa empezara a intentar sacarla de la institución, refirió Marcela.
“Me despidieron el 15 de mayo. Llegó Heyda Coulsum Murillo, encargada de Recursos Humanos del Hospital de Masaya, diciendo que necesitaba que firmara mi carta de despido, misma en la que me informaban que prescindían de mis servicios y me acusaban de abandonar mi puesto de trabajo sin justificación alguna. Antes, cuando supieron de mi desacuerdo con el mensaje que nos querían imponer en el Minsa, ya habían intentado correrme por acusaciones de robo, pero en ese entonces no pudieron”, detalló la trabajadora de la salud.
Vega no aceptó el despido, pues estaba clara que era algo político. La trabajadora buscó apoyo en el sindicado y los dirigentes llevaron cartas al representante de la Federación de
Trabajadores de la Salud (Fetsalud), Andrés Zamora, pero la respuesta que recibieron los sindicalistas solo comprobó lo que Marcela ya sabía.
“A ellos solo les dijeron que no se metieran porque lo mío era político. Tengo una grabación que prueba que lo que digo es verdad”, señaló la mujer.
Amenazas
Marcela recuerda que una semana antes de ser despedida, una alta autoridad del Minsa le advirtió que su postura debía ser la misma de la institución para la cual laboraba.
Dijo que se encontró a esa alta funcionaria en el parqueo del Conchita Palacios y le preguntó que si era cierto que decía en las reuniones que los muertos no eran delincuentes.
“No mentí, dije que esa era mi opinión porque conocía a varios.
Ese día esa persona se limitó a recordarme que yo trabajaba en el Minsa, que trabajaba con funcionarios muy poderosos e insistió en que los muertos no eran estudiantes, sino unos delincuentes”, aseguró Vega.
Una semana después del encuentro con esa alta autoridad, Marcela recibió, el 15 de mayo 2018, su carta de despido.
Sin embargo, eso todavía no la obligaba a irse del país, fue hasta que trabajadores de la salud de Masaya y Managua le advirtieron que debía cuidarse porque iban por ella.
“Varios trabajadores me llamaron para decirme que tuviera cuidado porque conocían que estaban preparando mandarme a los de la DOE (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía), un trabajador que aún es usado como paramilitar, pero que me tenía estima por laborar conmigo mandó a otro que me advirtiera que iban por mí. En las redes también me amenazaban, decían que mi cabeza tenía precio y que sabían la dirección de mi casa”, denunció la trabajadora.
En el exilio
Es por ello que Marcela decidió exiliarse junto con su esposo y sus dos hijos menores de edad.
“Me vine el 8 de junio a Estados Unidos, en avión. Fue una decisión difícil; dejar mi casa, mi otra familia, vender mis cosas, dejar mi país destruido, pero lo hice porque tuve temor por todas las amenazas que recibí, tuve temor de que me encarcelaran por darle de comer a jóvenes que protestaban por sus derechos, tuve temor que me mataran a mí y a mis hijos”, expresó.
Marcela ha pasado muchas necesidades en Estados Unidos, sin embargo refirió que se siente segura, que está confiada que ahí nadie llegará a tocar la puerta de su casa para matarla por defender sus derechos.
“Ha sido duro. Llegamos y no teníamos trabajo, nos tocó vivir de la caridad y de lo poco que recogimos antes de venirnos. Cuando logré conseguir trabajo me fue mal, la persona que me contrató no me pagó. Pero ahora tengo un trabajito en el que cuido a un viejito, eso nos da para sobrevivir”, afirmó la extrabajadora del Minsa.
En septiembre, Vega decidió solicitar asilo al Gobierno de los Estados Unidos. La nicaragüense esperó dos meses para tramitarlo porque tenía la esperanza de regresar en poco tiempo a su país, pero al ver que la crisis sociopolítica de Nicaragua “venía cada vez peor”, decidió introducir la solicitud de asilo político.
“No puedo regresar”
Marcela lamenta no poder volver a su país, pero teme por su vida. La trabajadora de la salud afirma que su casa continúa vigilada, “solo esperan que regrese para meterme presa por protestar contra el gobierno y por ayudar con comida a los muchachos de los tranques”.
“Tan deseosos están de detenerme que todavía en diciembre, cuando yo pensaba que las cosas se habían calmado en mi contra, me seguían llegando a buscar. Mi mamá alquiló la casa en la que vivíamos a un joven enfermero, pero el siguiente día los policías citaron al muchacho y le preguntaron por mí, con todos mis datos en mano le advirtieron que sería monitoreado y que cualquier información sobre mí debía reportarla”, dijo.
Por esa persecución y amenazas, Marcela afirma que no regresará a Nicaragua. También aclaró que no lo hará cuando vea que “el Gobierno deje el poder”, pues teme que “sus fanáticos queden buscando venganza”.
“Desde este país (Estados Unidos) continuaré la lucha que apoyé en Nicaragua, porque mi país se ha convertido en un peligro para mí y para mi familia”, lamentó Vega.
