Por Ioan Grillo
Ciudad de México — A principios de febrero se formaron filas de personas afuera del tribunal estadounidense en Nueva York para tener oportunidad de escuchar al jurado recibir sus instrucciones en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. El 12 de febrero, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero.
Durante el juicio, mientras el público estadounidense estaba enfocado en la sala del tribunal, el Gobierno de México ofreció una conferencia de prensa sobre desapariciones forzadas.
Las cifras son alarmantes.
Las dos historias —el juicio de Guzmán en Estados Unidos y la sangrienta tragedia continua aquí en México— están intrínsecamente relacionadas.
Los funcionarios del Gobierno mexicano dijeron en la conferencia de prensa el 4 de febrero que hay registros de más de 40 mil personas desaparecidas, muchas de ellas en zonas donde impera el narcotráfico.
Hasta el momento se han descubierto más de mil 100 fosas clandestinas y hay la impresionante cantidad de 26 mil cuerpos sin identificar en las morgues públicas.
“De esta magnitud es la crisis humanitaria”, dijo Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos y Población. “El País se ha convertido en una enorme fosa clandestina”.
Entre los detalles sobre el encanto personal de Guzmán presentados durante el juicio de tres meses, es fácil olvidar que su verdadera importancia radica en su posición en la cima del Cártel de Sinaloa, una de las fuerzas que sumieron a la nación en un doloroso conflicto armado que ha causado tantas masacres, fosas comunes y refugiados.
Las historias de Guzmán corriendo desnudo por los túneles con su amante, el glamour de su esposa, una ex reina de belleza, acudiendo sin falta al tribunal, el brutal asesinato de informantes de la policía, el ingenio para traficar cocaína en latas de chiles jalapeños— aseguraron que la cobertura fuera entretenida.
Pero enfocarse en el individuo puede distraer de las dimensiones de la crisis en México. El veredicto se da tras más de 200 mil homicidios en la última década, un nivel de derramamiento de sangre que ha desgarrado el corazón del País. Hay todo un movimiento de familiares de personas asesinadas o desaparecidas que reclaman justicia para sus seres queridos, o al menos encontrar sus cuerpos.
Ante esta carnicería, obviamente es bueno que Guzmán, líder de uno de los cárteles de drogas involucrados, haya sido encontrado culpable y posiblemente pase el resto de su vida en una prisión difícil. Pero si consideramos que hasta ahora este ha sido el mayor juicio relacionado con la catastrófica guerra contra las drogas en México, entonces parece ser solo una victoria agridulce en la pelea por la justicia.
Es un hecho doloroso que el Chapo fue condenado en Estados Unidos y no en México, en donde ha sembrado corrupción y terror. Después de que que escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad aquí, el Gobierno mexicano reconoció que sus instituciones no tenían el poder suficiente para retenerlo y lo extraditaron al norte.
Como resultado, los cargos en su contra estuvieron principalmente relacionados con sus actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y no con el asesinato de mexicanos.
En el juicio, 14 criminales testificaron en su contra gracias al controvertido sistema de testigos cooperadores. Uno de ellos, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, confesó haber ordenado alrededor de 150 asesinatos, la mayoría en Colombia, su país natal, y sin embargo esperaba que su sentencia fuera reducida a cambio de testificar.
En vista de que había grabaciones en las que el propio Guzmán hacía tratos relacionados con drogas, hay que preguntar si era necesario que los fiscales trabajaran con criminales tan sanguinarios.
En sus argumentos finales, Jeffrey Lichtman, el abogado del Chapo, dijo que “locos, traficantes de drogas y maniáticos obtuvieron acuerdos endulzados”. La fiscal Amanda Liskamm le respondió: “El día en que el negocio de la cocaína suceda en el cielo entonces podremos llamar a ángeles como testigos”.
Estos testigos hablaron de sobornos a funcionarios mexicanos, desde policías y soldados hasta el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien fue acusado de recibir un pago de 100 millones de dólares. Trágicamente, esta información no fue gran sorpresa en México, en donde desde hace mucho tiempo ha habido acusaciones de corrupción en los niveles más altos.
Sin embargo, hay pocas esperanzas de que estas acusaciones lleven a algún castigo. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se necesitaría evidencia más sólida para ir tras Peña Nieto. “No lo podemos juzgar si no tenemos pruebas”, declaró. También ha dicho que perseguir a ex Presidentes hundiría al País en la confrontación mientras que lo que él intenta crear es unidad.
Con todo y lo tristemente célebre que es Guzmán, hay dudas legítimas sobre si realmente era el mayor narcotraficante de México o simplemente uno de diversos capos poderosos. De hecho, la fiscalía dijo en su argumento final que no importaba si Guzmán no era el líder máximo del Cártel de Sinaloa, mientras fuera uno de sus jefes.
Quizás la condena de Guzmán al menos les demuestre a los aspirantes a narcotraficantes que no pueden llegar a ser tan tristemente célebres como el Chapo y escapar de la ley. Pero la búsqueda de justicia y paz no ha terminado para las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas comunes en México ni para las familias de quienes han muerto por sobredosis en EU.
