Esa tarde, cuando un grupo de protestantes seguía plantado frente al edificio de la alcaldía de Bluefields y agentes de la Policía trataban de disolverlos con disparos, el abogado César García observaba desde el parque, al otro lado de la calle, entre decenas de personas que habían participado en una marcha recién concluida. Él esperaba a que culminara el conflicto para continuar hacia su casa y de pronto se convirtió en uno de los testigos de la muerte del periodista Ángel Gahona López.
“Yo estaba en el parque, exclusivamente frente al cajero de la alcaldía al que Ángel se cruzó a grabar; entonces, desde ahí pude ver un disparo que sale desde la valla de agentes de la Policía que estaban ahí frente a la alcaldía. Ese fue el disparo que le quitó la vida a Ángel Gahona. El disparo salió desde donde estaban los antimotines”, afirma García al hablar con El Nuevo Diario.
Era el sábado 21 de abril de 2018. Gahona, director del telenoticiero El Meridiano, transmitía con su celular la protesta contra el Gobierno en la ciudad caribeña de Bluefields cuando recibió dos perdigones mortales de escopeta.
Doce meses después, su padre Ángel Gahona Ramos reflexiona: “No creo que Dios permita que mis canas bajen al sepulcro sin conocer la verdad”.
La Fiscalía acusó a dos jóvenes que se hallaban cerca de la protesta, Brandon Lovo y Glen Slate, de haber disparado contra el periodista con un arma hechiza; y un juez los condenó.
Sin embargo, la familia Gahona López insiste en que la muerte del periodista sigue impune, aseguran que los jóvenes condenados son inocentes. “Las autoridades están protegiendo gente, pero no sabemos quiénes son y por eso necesitamos una investigación exhaustiva, independiente, que determine quién exactamente jaló el gatillo, mandado por quién, quiénes son los intelectuales. Mientras no se haga, no vamos a saber quiénes fueron. Eso no fue accidental, eso fue preciso y fue con un arma industrial”, dice el padre, restando credibilidad a la versión del arma hechiza.
Brandon Lovo y Glen Slate fueron detenidos por la policía en la primera semana de mayo y sus familiares denunciaron algo que les pareció sospechoso: las autoridades dijeron primero que los detenían por drogas, luego por tener armas ilegales y, finalmente, después de trasladarlos a Managua, porque habían matado a Gahona.
“Son utilizados para proteger a los verdaderos culpables”, comenta Connie Taylor, madre de Brandon. Ya detenido, “la primera vez que yo miré a mi hijo, lloró y me dijo: ‘Yo no disparé contra Ángel, yo no maté a Ángel’. Conozco bien a mi hijo y sé que no es capaz de asesinar y que es inocente”.
La abogada Amy García, defensora legal de Lovo durante el juicio, dice haber constatado que los testimonios presentados por la Fiscalía fueron “contradictorios” y las pruebas de peritaje, manipuladas. Un video presentado por los acusadores estaba editado y el juez le negó a la defensa el derecho de tener un perito independiente. Por eso, la prueba oficial no fue presenciada por la defensa ni por el representante legal de la familia Gahona.
La marcha
El país llevaba cuatro días convulsionado por las protestas ciudadanas, iniciadas por estudiantes el 18 de abril en León y Managua y reprimidas con violencia por la policía y turbas de civiles al servicio del Gobierno. Al amanecer del día 21, en Nicaragua ya había 25 muertos por la represión.
Estudiantes universitarios de Bluefields, solidarios con los protestantes en la región del Pacífico, convocaron a una concentración a las 2:00 p.m. en el obelisco de la catedral Nuestra Señora del Rosario, de donde marcharían en protesta hacia el barrio Beholden; y allí concluyó formalmente poco antes de las 5:30 p.m., con discursos sobre las consecuencias negativas de la reforma al seguro social impuesta por el gobierno central, la causa del estallido social.
Los manifestantes regresaron dispersos al centro de la ciudad y encontraron la alcaldía rodeada de policías, frente a la cual un grupo de chavalos protestaba y se armaba de piedras ante una eventual represión.
Nadie vio a Ángel Gahona López en la marcha, hasta que llegó al parque cerca de las 6:00 p.m. La periodista Neyda Dixon fue una de las primeras personas que habló con él allí y también lo vio caer herido de bala.
“Antes y después de la muerte de Ángel, la policía estuvo disparando contra manifestantes”, recuerda Dixon, “en mis grabaciones se escuchan los disparos”.
Cuando Gahona se acercaba al parque, la situación ya estaba más tensa frente a la alcaldía. Los jóvenes lanzaban piedras contra el edificio y quebraron la puerta principal y la de un cajero bancario situado al lado izquierdo.
“Ángel no llevó su cámara y bromeando dijo que no andaba reporteando, pero cuando vio que seguía el conflicto decidió sacar el celular y empezó una transmisión por Facebook Live”, relata Dixon. “Nosotros nos hicimos en el parque, los manifestantes están en la calle y, en ese momento, la policía logra llegar hasta el parque, que es frente a la alcaldía”.
La policía replegó a la mayoría de manifestantes una cuadra hacia el sur, donde está la sucursal del banco BAC y el edificio de lo que fue una discoteca. Otros se quedaron en el parque.
“En ese momento, cuando la policía controla la alcaldía, ya estaba ahí el jefe de la Policía, estaban antimotines y unos oficiales, es cuando Ángel sale del parque, deja de entrevistar a un muchacho y se cruza hacia la entrada de la alcaldía. Cuando está subiendo la última de las gradas se escuchó el disparo certero; aunque hubo otros disparos anteriores a ese, es cuando Ángel cae”, recuerda Dixon.
Las últimas horas
Cerca del mediodía del 21 de abril, Ángel Gahona López preparó el almuerzo de sus hijos, Amanda y Ángel, de 5 y 17 años, respectivamente. Comieron en el segundo piso de la casa donde el periodista residía con sus padres. En el primer piso funciona la iglesia evangélica Jerusalén, de la que el papá, Ángel Gahona Ramos, era el pastor.
En vez de ir a cubrir la marcha de esa tarde, el periodista optó por realizar tareas de la segunda carrera que estudiaba (Derecho) y después de las 5:30 p.m. subió a su motocicleta y se dirigió al parque, pero antes le dio un abrazo fuerte a su hijo.
Neyda Dixon se movía a un extremo del parque cuando sonó el disparo que alcanzó a Ángel: “Cae, comienzo a correr hacia él, pero no creí que hubiera recibido un disparo; creí que se había caído, y cuando lo veo ensangrentado empiezo a gritar: ‘No, Ángel, no’. Me aterroricé cuando le vi el impacto en la cabeza y comencé a gritar. Unos muchachos lo auxiliaron, llamaron un taxi y así logramos que llegara al hospital”, relata.
En la casa de la familia Gahona, Migueliuth Sandoval vio el momento en que su esposo recibe el balazo, en el video que él mismo transmitía. Eran cerca de las 6:30 p.m. Ángel expiró poco después en la sala de emergencias del hospital; un perdigón de la escopeta le había causado un trauma craneoencefálico severo, irreversible.
Neyda, quien acompañó al periodista herido hasta el Hospital Ernesto Sequeira, dice que este llegó con signos vitales y en la sala de emergencias sus brazos se descolgaron en los costados de la camilla, según pudo ver ella desde el pasillo. El médico salió y le dijo a los familiares: “Ya no hay nada que hacer”.
El hijo, Ángel Augusto Gahona Sequeira, desesperado pedía al médico que le diera la pequeña placa que su padre siempre portaba colgada del cuello, con su nombre, número de cédula y el tipo de sangre.
El reporte del forense entregado a la familia, detalla que Ángel Gahona López fue impactado por dos perdigones de un tiro calibre 12, usado en escopetas; uno en el costado derecho de la cabeza y otro en el antebrazo derecho con orificio de salida que se alojó en el costado izquierdo del tórax.
Contradicciones
En el juicio contra Brandon Lovo y Glen Slate, de 19 y 21 años de edad, salieron a flote algunas contradicciones que han provocado dudas fuertes sobre la acusación oficial. Según la Fiscalía, ese 21 de abril, los dos jóvenes se encontraban en el barrio central, a 1.05 metros del costado oeste de donde fue la discoteca Baku, y Slate, señalado de ser el dueño de un arma de fabricación artesanal, habría entregado a Lovo el arma hechiza con la que este, a una distancia aproximada de 69 metros, supuestamente disparó con “claras intenciones de privar de la vida a los oficiales de la Policía Nacional” y mató al periodista e hirió al inspector Carlos Anselmo Rodríguez.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA), afirma en su informe final que hay “inconsistencias entre el material audiovisual (pruebas) y la teoría del caso de la Fiscalía”.
En los videos presentados en el juicio, como parte de las pruebas acusatorias, “no se observa a ninguna persona en el lugar descrito como posición del tirador en el momento del disparo” y esa “contradicción es fundamental y debió haberse valorado en la sentencia”, expone el GIEI.
Los jóvenes acusados aparecen caminando en un lugar distinto al señalado por la Fiscalía como la supuesta posición del tirador y también distinto al lugar del destello que se observa en el video.
Otro video presentado por la Fiscalía, en el que supuestamente se observa a Lovo y Slate portando uno de ellos dos tubos en sus manos, el perito que lo incorpora al juicio no señala la fecha ni hora exacta del registro, no indica si es antes o después del momento de consumación del disparo que provocó heridas a Rodríguez y la muerte de Gahona, ni tampoco se observa la mochila en que supuestamente transportaban el arma y que también la incluyen como prueba material, señalan los expertos internacionales.
El informe de trayectoria balística, presentado en el juicio por Pedro Rafael Gutiérrez Morales, expone: “Nos solicitan establecer la posible ubicación del tirador y de la víctima y establecer la trayectoria de disparo en el lugar del hecho (…). Estamos haciendo una trayectoria de disparo y con esto vemos el lugar de disparo en las víctimas, según saetas de color amarillo, vemos dónde se dan los disparos, que vienen de sur a norte y ubicamos la distancia entre ambos, que es 5.67. También con los elementos en el lugar del hecho ubicamos la posición del tirador, ya que encontramos el taco y el pistón, los que estaban a 25 metros de donde ubicamos al tirador”.
En la acusación se afirma que el tirador realizó el disparo hacia el sur y el perito Gutiérrez Morales describe que la trayectoria fue al contrario, de sur a norte. Sin embargo, esta contradicción fue ignorada en la sentencia, insisten los abogados defensores.
Policías testigos
El fallo de culpabilidad contra Lovo y Slate fue leído por el juez Ernesto Rodríguez Mejía, la noche del 27 de agosto de 2018, basado en un expediente con 1,030 folios. La primera audiencia del juicio fue realizada el 18 de mayo en Managua, sin acceso de periodistas de medios independientes porque el juez solo permitió entrar a periodistas al servicio del Gobierno.
En nueve audiencias, la Fiscalía presentó a 30 testigos, la mayoría eran policías. Los abogados defensores llevaron a 14 testigos, entre estos, periodistas que presenciaron y filmaron cuando la policía hacía disparos y el momento en que Gahona cae herido de muerte.
El abogado defensor de Slate, Maynor Curtis, dice que el tercer video presentado por la Fiscalía, con una duración de tres segundos, revela la inconsistencia de la acusación. Se aprecia el momento en que Ángel Gahona va enfocando los daños que había en un cajero automático y se oye la detonación de un arma.
También se observa que en la parte oeste de la antigua discoteca Baku, donde según la acusación oficial estaba el tirador (Brandon Lovo) a una distancia de 69 metros de Gahona, no hay nadie y se ve un microbús que va ingresando al parqueo de la alcaldía de Bluefields.
“Este video presentado por la Fiscalía botó al suelo la tesis acusatoria, que ubica a Brandon y Glen en el costado oeste de la antigua discoteca Baku y lo dicho por el único testigo civil que presentó la Fiscalía en el juicio”, afirma Curtis.
Un croquis de la escena del crimen, mostrado por el Ministerio Público, señala que los acusados estaban en el costado oeste de donde fue la discoteca Baku.
“La lógica indica que si los muchachos estaban en el costado oeste de la antigua discoteca, debieron haber hecho el disparo en dirección norte y no en dirección sur”, explica el abogado, mostrando el croquis oficial.
La noche del 27 de agosto de 2018, los familiares de Lovo y Slate permanecieron en la calle, junto al edificio de los juzgados de Managua, esperando conocer el fallo de condena contra los dos jóvenes. Allí estaban también los periodistas independientes, porque el juez Rodríguez prohibió el acceso de todos, excepto, los de los medios oficialistas.
Hasta que los abogados salieron a la calle, familiares y periodistas se enteraron, en medio de la intemperie y la oscuridad, que Brandon Lovo había sido sentenciado a 23 años y 6 meses de prisión y Glen Slate a 12 años y 6 meses.
Hasta la familia Gahona rechazó el fallo contra los dos jóvenes, a través de su abogado Boanerges Fornos, quien dijo que faltaron pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad.
La acusación contra Brandon Lovo y Glen Slate, presentada por la fiscal auxiliar Inés del Carmen Miranda, les atribuyó los delitos de asesinato en perjuicio de Ángel Gahona López, asesinato frustrado en perjuicio del policía Anselmo Rodríguez, portación ilegal de armas y exposición al peligro de otros seis periodistas que estaban esa tarde frente a la alcaldía de Bluefields.
Lovo era estudiante de tercer año de Secundaria y Slate había dejado de estudiar para dedicarse a trabajar de manera informal en obras de construcción, porque ya era padre de una niña de 3 años.
Anomalías
Fornos criticó que el juez haya rechazado la solicitud de la familia Gahona de hacer una prueba de descarte de todas las armas que había en el lugar donde mataron al periodista, tanto de civiles como de policías.
Explicó que las pruebas de descarte son para “determinar que las armas que se portaban en ese momento no habían sido utilizadas o que los proyectiles encontrados no habían sido disparados por esas armas, porque eso también puede generar dudas, pero no se hizo”.
El representante legal de la familia Gahona afirma que las pruebas audiovisuales aportadas por la Fiscalía tenían inconsistencias. “Los videos no ubican a las personas acusadas en el lugar que señala la acusación; entonces, al no ubicarlos en ese lugar, generan dudas sobre la participación, por lo que nosotros acogimos la posición de que no había certeza absoluta de la participación de esas personas. Esa fue básicamente la posición que se sostuvo”, explica Fornos.
Amy García, la defensora legal de Lovo, dijo a El Nuevo Diario que un acto inconstitucional cometidos por las autoridades judiciales fue procesar a los dos jóvenes en “una jurisdicción que no les correspondía en absoluto”. Debieron ser enjuiciados en la ciudad de Bluefields.
A eso se suma el problema de ser juzgados en un idioma distinto al suyo. Según la abogada, el juez dijo que los dos acusados habían aceptado que entendían bien el español, pero en el juicio se percibió que solo conocen el español coloquial, para comunicarse básicamente y en temas más complejos manejan mejor el inglés criollo, su lengua materna.
También denunció que la Fiscalía impuso, con la colaboración del juez, un anticipo de pruebas que solo se hace ante un riesgo inminente de muerte o cuando un testigo debe viajar por cualquier motivo. Así hicieron testificar con antelación a quienes acompañaban a Lovo y Slate la tarde del 21 de abril de 2018, “diciendo que ellos andaban un arma hechiza, aunque en ningún momento dijeron que ellos dispararon, solo decían que ellos escondieron y tiraron un arma hechiza”, revela García.
Temía que lo mataran
El periodista Ángel Gahona solía publicar información sobre casos de corrupción en su región y en tres ocasiones le dijo a sus padres que había recibido amenazas de muerte. “Dos semanas antes del asesinato, él estaba viendo hacia la bahía y nos repitió: ‘Me van a matar’”, relata su papá.
Ángel Gahona Ramos, el padre, habló con El Nuevo Diario desde el exilio. “Le decíamos, ¿cómo te van a matar si eres un hombre de bien? Si le hubiéramos creído, la situación habría sido diferente, le hubiéramos dicho que se fuera del país, lo hubiéramos convencido de cualquier cosa para protegerlo”, comenta.
La madre del periodista, Amanda López, insiste un año después: “Seguimos pidiendo justicia, sin impunidad y seguimos diciendo que Nicaragua está de luto, no puede haber paz sin justicia. Seguiremos luchando hasta ver la justicia sin impunidad”.
La mayoría de los miembros de la familia Gahona se fueron del país. Los padres están exiliados en Costa Rica. Migueliuth y su hija Amanda se refugiaron en Estados Unidos y recibieron asilo el 4 de diciembre de 2018, porque en Nicaragua era asediada por parapolicías (civiles armados enmascarados al servicio del Gobierno) que la seguían en motocicletas y automóviles, según su testimonio.
Amy García, defensora legal de Glen Slate, también se exilió en Estados Unidos; afirma que empezó a recibir amenazas desde que inició el juicio.
El abogado César García, quien asegura que el disparo que mató al periodista Ángel Gahona López provino de donde estaban los policías, buscó refugio en otro país, porque tras dar su testimonio en el juicio empezó a recibir amenazas. El juez descartó su versión, lo dejó declarar y luego dijo: “el testigo llegó a mentir”, recuerda García.
La periodista Neyda Dixon dice que en medio del nerviosismo “no vi quién le disparó” a Ángel Gahona, pero “en las imágenes que grabé ese 21 de abril queda claro que quienes estaban disparando eran los policías… Si los muchachos (Brandon y Glen) hubieran estado armados, habrían usado las armas desde un inicio, porque la policía estaba disparando”.
El 5 de febrero de 2019, en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) se realizó la audiencia de apelación; la defensa de los dos sentenciados pidió su absolución y la Fiscalía, la confirmación de la condena en la primera instancia. Desde entonces, la apelación espera la sentencia.
El 17 de febrero de 2019, 5 meses y medio después de dictar la sentencia condenatoria contra Lovo y Slate, el juez Ernesto Rodríguez Mejía fue ascendido a magistrado de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.