Antes del año 2007, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (CARUNA R.L.) había sido una pequeña asociación de ahorro y préstamos entre sus miembros.
Fundada en 1993 por 36 hombres y una mujer, como una pequeña asociación de ahorro y crédito, llegó a convertirse en la institución que experimentó uno de los crecimientos más vertiginosos de la última década, debido al papel de intermediario que desempeñó para la ejecución del acuerdo petrolero suscrito por los gobiernos de Nicaragua y Venezuela en 2007.
Sin embargo, en las últimas dos semanas al menos cinco sucursales han cerrado operaciones en ciudades del Caribe y la zona norte del país, lo que ha generado incertidumbre entre los asociados de esas localidades.
ALBANISA Y ALBA-CARUNA
El auge de Caruna comenzó cuando el gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo de cooperación con el de Venezuela.
En enero de 2007, el gobierno sandinista selló un acuerdo con Caracas en el marco de Petrocaribe y establece que “Venezuela suministrará directamente crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP) o sus equivalentes energéticos a la República de Nicaragua, hasta por una cantidad de 10,000 barriles de petróleo por día, sobre una base promedio mensual”.
Para echar a andar dicho esquema de cooperación, el Gobierno de Nicaragua creo la empresa de capital mixto Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) en julio de 2007, cuyas acciones pertenecen 49% a la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) y el restante 51% a su contraparte Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), mediante la cual se transaría la venta de petróleo.
El Acuerdo Energético del Alba -como se le llamó- estableció que la colaboración petrolera se materializaría de la siguiente manera: 50% total de las compras de petróleo se paga a Pdvsa; 25% de la cooperación sería no reembolsable y se destinaría a crear un “fondo Alba” que permitiera financiar obras sociales y de infraestructura; mientras que el restante 25% lo asumiría el Gobierno de Nicaragua, (pagadero en 25 años, con 2 años de gracia y a una tasa de 2%).
En el ensayo titulado “La impresionante opacidad de la cooperación venezolana”, publicado en el sitio web academia.edu, el economista nicaragüense Adolfo Acevedo Vogl explica que en enero de 2008 el artículo IV del acuerdo se modificó, quedando establecido que correspondería a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por Pdvsa recibir el 25% del 50% financiado.
“La modificación se efectuó para que ningún componente de la factura petrolera a ser financiada apareciese como obligación asumida por la República de Nicaragua en calidad de deuda pública. La totalidad de la factura petrolera aparecería pagándose en 90 días a partir de la recepción del conocimiento de embarque; y sería una entidad jurídica nicaragüense la que recibiría posteriormente de Pdvsa el equivalente al 25% del 50% financiado”, explica el texto.
La entidad jurídica nicaragüense beneficiada resultó ser Caruna, cuya razón social se modificó a Alba Caruna y es así como aparece nombrada en los informes oficiales de cooperación externa publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Según esos reportes, entre 2007 y 2009, producto de ese acuerdo, Alba Caruna habría recibido US$301 millones, proveniente de la cooperación venezolana, que en esos primeros tres años envío a Nicaragua US$1,084.9 millones.
De acuerdo con esa información oficial, los fondos recibidos por Alba Caruna se emplearon para desarrollar proyectos gubernamentales de índole social, tal como el subsidio al pasaje del transporte colectivo de Managua “y a complementar el financiamiento de importantes proyectos impulsados por el Gobierno, como Hambre Cero, Usura Cero, Seguridad Alimentaria, Calles para el Pueblo, Casas para el Pueblo”, indica el reporte.
CAMBIAN REGLAS DEL JUEGO
Acevedo agrega que en 2010 el Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el componente no reembolsable de la cooperación venezolana desaparecía y que “toda la cooperación petrolera toma la forma de un crédito de Pdvsa a Alba Caruna. El FMI comentó que esto significaría un incremento del riesgo fiscal”, pero además, según el escrito de Acevedo, el FMI brinda nueva información sobre el rol que juega Alba Caruna en el tinglado del manejo de los fondos de la cooperación.
“Las autoridades también proporcionaron al staff más información sobre las modalidades de la ayuda venezolana que pueden tener implicaciones para el registro de esas transacciones. Esta información aclaró que todos los flujos relacionados con la cooperación petrolera (que asciende a la mitad de la factura del petróleo) toma la forma de préstamo en condiciones concesionales desde Venezuela a la cooperativa doméstica Caruna, que distribuye aproximadamente la mitad de estos fondos como donaciones e invierte la otra mitad con fines de lucro”, detalla el informe del FMI citado por Acevedo en su ensayo.
Los datos oficiales de cooperación externa de 2010 precisan que los fondos venezolanos en ese año totalizaron US$511 millones, de los cuales uS$337 millones estaban relacionados a la cooperación petrolera, otros US$163 millones a cooperación bilateral y US$11 millones a inversión extranjera.
Dicho patrón continúo aplicándose en los años posteriores, según la información oficial, solo que se emplean los términos proyectos sociales y proyectos socio-productivos. Estos últimos, según explica Acevedo, reciben 62% del financiamiento y el restante 38% circulan a través de Caruna para los proyectos sociales.
Entre 2011 y el primer semestre de 2018 los reportes del Banco Central sobre la cooperación venezolana no se desglosan a niveles de proyectos, sino únicamente a través de grandes agregados: proyectos sociales e inversión extranjera.
SIN RENDICIÓN DE CUENTAS
El economista independiente, José Vélez Morgan, comenta que 2010 es precisamente el año en el cual los fondos provenientes de Venezuela comienzan a incrementar sustancialmente hasta alcanzar su pico más alto en 2012.
“La Cooperación venezolana inicia en 2008 y levanta una cooperación de US$457 millones y va aumentado al 2009, 2010 y llega a su máxima expresión en el año 2012, con US$729 millones”, explica.
A partir de 2015 los montos comienzan a mermar “y sigue derrumbándose hasta llegar al año 2017 con US$102 millones y en el año 2018 en el primer semestre, según datos del Banco Central, llega a US$9.2 millones”.
Consultado sobre cuánta cantidad de fondos pudo haber tenido Caruna en este lapso de tiempo, el economista sostiene que ese dato no podría precisarse con certeza, debido a que esos fondos se manejaron de manera poco transparente.
“Es difícil decirlo porque Caruna manejó en forma de créditos muchos proyectos sociales, con ese estilo de bonos a la electricidad, subsidios al transporte, son formas poco transparentes como para poder decir dónde se invirtió ese dinero, no hay una forma precisa de definir el uso de esos fondos”, menciona Vélez Morgan.
Pese a las grandes sumas de dinero que administraba, Alba Caruna nunca estuvo regulada ni por la Comisión Nacional de Microfinanzas ni por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
EFECTO DE LAS SANCIONES
Pero Alba Caruna empezó a caer junto con la cooperación venezolana y un fuerte golpe lo dieron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense a Albanisa y las de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos al Banco Corporativo (en proceso de disolución).
Caruna había colocado en Bancorp parte de sus fondos, en fideicomisos.
En las últimas dos semanas al menos cinco sucursales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna R.L.) han cerrado operaciones en ciudades del Caribe y la zona norte del país, lo que ha generado incertidumbre entre los asociados de esas localidades.
El más reciente cierre ocurrió en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn). Allí la suspensión de operaciones fue informado a los ahorrantes el pasado 26 de abril a través de un comunicado colocado en el exterior del edificio donde operaba Caruna.
“Por este medio se les informa que, por motivos de reorganización, nuestra sucursal Bonanza estará temporalmente cerrada a partir del viernes 26 de abril del 2019”, se lee en el letrero.
De acuerdo con información constatada, la sucursal de Bonanza habría dejado de operar de forma simultánea con la sucursal Bilwi, cabecera de la Raccn.
En el caso de Bonanza, la mayor molestia ha sido externada por ciudadanos jubilados y trabajadores mineros que laboran en la localidad.
La queja de los primeros se debe a que era mediante esta sucursal que recibían el pago de sus pensiones; mientras que una gran cantidad de mineros artesanales e industriales enviaban remesas a otros municipios a través de Caruna.
El texto remite además a los asociados de Bonanza a dirigirse hacia las sucursales de Rosita y Siuna, también en el caribe norte o si prefieren viajar hacia Managua, a la sede central de la cooperativa, para continuar realizando estas transacciones.
Agrega la comunicación que en una fecha aún no precisada, un “representante de Caruna, R.L, les estará visitando para recepcionar sus abonos a préstamos”.
Por otro lado, en la zona norte del país, específicamente en las ciudades de Estelí, Somoto y Ocotal, al menos 1,200 personas habrían sido afectadas por el cierre de las sucursales de Caruna en esos puntos.
La mayor preocupación de los asociados radica en que no saben qué ha ocurrido con sus ahorros.
Emiliano José Jiménez, de la ciudad de Estelí, es uno de los afectados y dijo estar dispuesto a organizarse para demandar la devolución de C$11,000 que había ahorrado.
En el caso de la sucursal de Caruna de Estelí, colocaron mensajes reportando el cierre de las operaciones y sugieren a sus usuarios que ahora podrán ser atendidos en la ciudad de Matagalpa.
Mientras que Ocotal, Nueva Segovia, más de 160 personas han expuesto su caso y de ellas 125 con documento en mano han pedido a la organización de la Casa de la Mujer que les ayude a recuperar su dinero, dijo Lourdes Figueroa Aroca, integrante del Comité de Gestiones ante Caruna en el departamento.
Figueroa indicó que uno de los problemas que han encontrado para solicitar que les regresen sus ahorros es el cierre de las sucursales de Caruna en Ocotal, Somoto y Estelí, ya que a nivel local no hay funcionarios que responda a los clientes.
En Somoto, la gerencia de Caruna mandó a retirar todos los muebles y equipos de oficinas en esa sucursal y notificaron a los jubilados y pensionados que sus pagos y otros trámites están siendo atendidos a partir de esta semana en la delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en la misma ciudad.
Varias delegaciones de ciudadanos organizados de Estelí, Madriz y Nueva Segovia se aprestan a viajar esta semana a las oficinas centrales en Managua, para demandar la devolución inmediata de su dinero.
“No vamos a dejar que nos vuelvan a robar a como ya nos ocurrió en el 2011, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Económica R.L. que existía en Somoto”, dijo Mayra Martínez Huete, habitante del sector 11 de la ciudad.
