El gobierno de Nicaragua anunció que este martes introducirá en la Asamblea Nacional la llamada "Ley del perdón", que es rechazada por la Alianza Cívica, al considerarla una especie de amnistía.
"El día de hoy se presentará ante la Asamblea Nacional la Ley del Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018, con el objetivo de que sea conocida y discutida ampliamente en el plenario de ese Poder del Estado", indicó el gobierno en un comunicado.
Conocida como la "Ley del perdón", la iniciativa del gobierno sufrió hoy el rechazo de la Asociación Madres de Abril, que exigen una investigación a fondo sobre los actos de violencia ocurridos durante las protestas del año pasado, para que los responsables sean enjuiciados.
Tanto la Alianza Cívica como la Asociación Madres de Abril sostienen que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han denunciado que en Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad y el Estado es el responsable.
El año pasado, durante la crisis en Nicaragua, los protestantes denunciaron operativos armados en su contra.
Los organismos defensores de los derechos humanos cuantifican en al menos 325 las personas muertas de forma violenta durante la criis de Nicaragua.
En su proyecto de ley, sin embargo, el gobierno solo habla de personas y familias "víctimas del terrorismo golpista".
"Terrorismo golpista" es el calificativo que el gobierno de Nicaragua ha dado a los protestantes, pese a que la CIDH o un grupo de diputados de la Unión Europea, que visitó este país a comienzo de 2019, descartaron que durante las manifestaciones se intentara cometer un golpe de Estado.
Posición de Alianza Cívica
Negociadores de la Alianza Cívica han dicho que la verdadera reparación a las víctimas de la violencia durante las protestas del año pasado requiere de una justicia transicional.
Eso implica que los responsables de cometer asesinatos, torturas y otros delitos contra los derechos humanos, deberían ser juzgados.
Para la Alianza Cívica, el proyecto de ley que impulsa el gobierno representa una "amnistía", algo a lo que se oponen.
“Los estándares internacionales de justicia cada día están menos de acuerdo con una amnistía general”, dijo ayer Álvaro Vargas, negociador de la Alianza Cívica en el diálogo nacional.
