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Cosep: Ley de víctimas no garantiza justicia - El Nuevo Diario

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La ley de atención integral a las víctimas de la violencia durante las protestas, aprobada ayer en la Asamblea Nacional, recibió críticas de amplios sectores que consideran que no garantiza justicia a los afectados.

Defensores de derechos humanos, excarcelados, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia e instancias privadas rechazaron ayer la ley, aprobada con trámite de urgencia por una mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.

Ley de Atención Integral de a Víctimas, como ha sido nombrada, se aprobó con 69 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones y 4 presentes.

La ley, que no se refiere en ninguno de sus artículos a los procesos judiciales, otorga a un rol clave a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para atender, organizar y actualizar el registro de las personas afectadas durante las protestas iniciadas en abril de 2018.

La ley plantea cinco tipos de atenciones a las “víctimas de la violencia ocurrida a partir del 18 de abril del 2018”: salud, educación, atención laboral o de emprendimiento, viviendas y ocio y recreación.

La ley también contempla que será la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la que organizará y actualizará un registro de víctimas.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) sostuvo en un mensaje que la ley dejará en la impunidad los casos de violaciones a los derechos.

Los diputados aprobaron este miércoles, apuradamente, la ley denominada Plan Integral de Atención a las Víctimas. EFE/END

“Se considera que la nueva ley, denominada Plan integral de atención a las víctimas, crearía una especie de amnistía para los funcionarios del Gobierno señalados de ser responsables de la represión estatal y dejaría en la impunidad los crímenes contra la población”, dijo el Cosep.

Aprobada con premura

Por su parte, Vilma Núñez, consideró que la rapidez con la que se aprobó la ley —el Gobierno pidió trámite de urgencia— refleja la poca importancia que el Ejecutivo da a esta propuesta.

“Una ley de esa naturaleza no se aprueba con trámite de urgencia, se tienen que hacer consultas a la población, a los sectores involucrados y además se tiene que debatir en las comisiones (parlamentarias) y después en plenario”, afirmó Núñez.

Diputados cuestionan

La diputada liberal, Azucena Castillo, consideró “inaudito que hoy tengamos concesiones para los victimarios”, al referirse a la ley. “Se deben anular los juicios políticos, que no tienen razón de ser”, agregó.

Por su parte, el diputado Alfredo César, del Partido Conservador, argumentó que la aprobación de la ley no garantiza el acceso a justicia a las víctimas.

Mientras, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la aprobación de la ley, mencionando que sí garantiza que la atención a las víctimas sea una política de Estado y no un asunto de partido. 

“A través de una política de Estado se quiere dar una atención integral a la víctima, independientemente del partido, la afiliación política que este tenga. Esta ley no viene a decir atención integral a las víctimas que comulgan con los ideales del Frente Sandinista, habla de víctimas”, dijo Gutiérrez.

Con respecto a las críticas vertidas de que la ley no da garantías de justicia para las víctimas, Gutiérrez dijo que las instancias correspondientes resolverán ese tema.

“Será en otros escenarios donde se discutan quiénes son víctimas y quiénes son victimarios, nosotros no somos Poder Judicial, somos la Asamblea Nacional, no somos la administración de justicia”, dijo.

Aspectos destacados de la ley

La ley se presenta como una salida jurídica a la crisis y establece que el Ministerio de Salud deberá dar atención sicológica y rehabilitación a las víctimas en “los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta su recuperación”.

También dice que las víctimas recibirán becas para que reinsertarse en el sistema educativo nacional.

“Las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno. Las instituciones encargadas a nivel, municipal y regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018”, indica la ley. 


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