Junio será un mes clave para el futuro inmediato de Nicaragua, pone plazos fatales al gobierno de Daniel Ortega, que corre el peligro de quedar aislado a nivel nacional como internacional.
El gobierno, que ha estado “jugando con su propio tiempo” por estar alargando las negociaciones en la mesa del diálogo, este mes podría enfrentarse a una serie de sanciones internacionales, coinciden exdiplomáticos nicaragüenses.
El gran canal interoceánico
La primera fecha fatal para el gobierno de Daniel Ortega se cumple el próximo 13 de junio, cuando se vence el plazo de seis años para que la firma china HKND Group, presente pruebas de que puede financiar el proyecto del Gran Canal en Nicaragua.
La obra, que fue anunciada el 8 de julio de 2014 con bombos y platillos por el gobierno y la empresa china, estaría valorada en US$50,000 millones, y si no se presentaban pruebas para ese financiamiento la ley podría ser derogada al después de seis años.
Para el exvicecanciller de Nicaragua, José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, este primer plazo pone a prueba al presidente Daniel Ortega, quien tiene la oportunidad de demostrar que su única intención era buscar financiamiento para la construcción de este megaproyecto.
“Si procede a derogarla (la ley), ahora que está claro que no se hará y que no existía capacidad financiera de parte del chino (Wang Jing), estaría corroborando que fue una intención en busca de un proyecto fastuoso, mal calculado, pero no el interés de apoderarse de tierras valiosas que pertenecen a miles de campesinos nicaragüenses”, dijo Pallais.
Liberación de presos
El segundo plazo, se cumple el 18 de junio. Es la fecha que pone límites al gobierno para liberar a todos los manifestantes que fueron detenidos en el contexto de la crisis de abril de 2018.
El analista político y exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena, considera que salir a “flote” de esta crisis que atraviesa Nicaragua, pone como condición la liberación de todos los presos.
“La salida a flote pasa por la salida total de los reos y el inicio de las conversaciones sobre la democratización, yo creo que el haber hecho un compás de espera tan largo ha producido mucho daño en la imagen internacional del país y la seguridad de la ciudadanía en general”, dijo Guevara Mena.
Según Pallais, del equipo negociador de la oposición, la liberación de los “presos políticos debe ser total”, en cumplimiento a los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo.
“Ninguno puede quedarse (en prisión), y es lo que espera la comunidad internacional (…) En Nicaragua, y fuera de Nicaragua no se entendería un cumplimiento parcial, se estimaría como un incumplimiento, porque se trata de personas inocentes que nunca debieron haber estado en las cárceles”, afirmó Pallais.
La Unión Europea
El 18 de junio, también es clave para que haya un cambio en Nicaragua y compromisos serios por parte del gobierno, de lo contrario la Unión Europea (UE), en la segunda quincena de este mes podría aplicar sanciones de forma individual.
El pasado 14 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide aplicar medidas restrictivas contra el gobierno de Nicaragua, tras una visita que en enero de este mismo año realizó una misión de eurodiputados en el país, encabezada por el socialista español, Ramón Jáuregui.
Las sanciones son un instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, que contempla entre sus objetivos consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional.
Para Guevara Mena la aprobación de sanciones por parte de la Unión Europea, de forma colateral afectaría la raquítica economía nicaragüense, ya que dejarían por fuera a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (ADA).
“Quedar fuera del Acuerdo de Asociación supone que perdemos los mercados de Europa (…) Es algo que nos preocupa, porque es casi una situación de un bloqueo comercial y que evidentemente no solamente el gobierno sale afectado”, dijo Guevara Mena.
Congreso recibirá informe
El próximo 21 de junio también es una fecha clave en el camino que recorre Nicaragua desde que inició la crisis sociopolítica.
Ese día, se cumple el plazo de 180 días para que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presente un informe detallado ante el Congreso sobre la participación de los principales funcionarios nicaragüenses que participaron en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y/o lavado de dinero.
El informe se presentará posterior a la promulgación de la ley Nica Act, que fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 por el Senado de los Estados Unidos.
La presentación de ese informe anuncia nuevas sanciones para el círculo de Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo.
La Nica Act, es una ley que impone una serie de sanciones financieras al gobierno de Nicaragua, y de migración a funcionarios involucrados en actos de violación a los derechos humanos.
La ley fue ratificada en el Congreso el 11 de diciembre de 2018, y firmada por el presidente, Donald Trump el 20 de ese mismo mes.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, según Pallais, “marcará por mucho tiempo” la política de Estados Unidos frente a Nicaragua, y alertará sobre la necesidad de defender la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Para ese entonces, el presidente Ortega deberá definir su política y precisar si desea mantener buenas relaciones con los Estados Unidos o una política de confrontación, estimó Pallais.
“Independientemente de qué tan rápido avancen las sanciones o qué tantas personas sean sancionadas, lo importante es el incumplimiento de los acuerdos, de las disposiciones de la ley, definitivamente cerrará un capitulo y abrirá uno nuevo que será definitorio para el futuro de Nicaragua”, agregó Pallais.
De acuerdo al texto de la legislación que pone en alerta al gobierno nicaragüense, la Nica Act sería suspendida sólo si Daniel Ortega convoca a unas elecciones “libres, justas y transparentes".
La Nica Act, además de imponer sanciones individuales limitará el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el contexto de lo que puede pasar en junio, el gobierno también queda expuesto ante Estados Unidos por el reciente asesinato del ciudadano nicaragüense-estadounidense, Eddy Montes Praslin, hecho que ocurrió el pasado 16 de mayo en la cárcel de Tipitapa, La Modelo.
Hasta ahora, desde la crisis que estalló en abril de 2018 --producto de una reforma a la seguridad social que no contó con la aprobación de la población-- el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una serie de sanciones acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos.
La vicepresidenta Murillo; Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial; y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno, son algunos de los sancionados.
Asimismo, Estados Unidos sancionó al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, que es consuegro del presidente Daniel Ortega y de Murillo; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, y al tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López.
Ante esas medidas, como condición el gobierno demandó a la Alianza Cívica firmar un documento para pedir que las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto a funcionarios del gobierno.
La Alianza Cívica, sin embargo, el pasado 6 de mayo a través de un comunicado, respondió que ante el pedido del presidente nicaragüense lo primero que se deben hacer es “levantar las brutales sanciones sobre la población".
Las decisiones que tomen en Estados Unidos ponen en riesgo los acuerdos comerciales firmados con Nicaragua, como el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA).
“Se verían seriamente comprometidas nuestras exportaciones y nuestras remesas, y es por eso que esto nos produce preocupación, ya que con el cierre del sistema financiera con Estados Unidos a través de la Nica Act, entraríamos a una serie de limitaciones a nuestra balanza comercial”, puntualizó Guevara Mena.
El plazo en la OEA
El 26 de junio se cumple otro de los plazos que pone entre la espada y la pared al gobierno. A partir de esa fecha se realizará en Medellín, Colombia, la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que abordará como tema “urgente” la crisis de Nicaragua.
Para el gobierno, en esta cita de máximo nivel de la OEA es que pueda quedar excluido de este importante foro regional en caso que los cancilleres de los diferentes Estados miembros decidan aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
La grave crisis de Nicaragua, enfatizó Pallais, es uno de los “mayores problemas pendientes” por resolver en el continente.
Para aplicar la Carta Democrática se necesitan al menos 24 votos.
“Eso marcará la gran diferencia desde el punto de vista que dice considerara que el gobierno no ha actuado con la buena, con la decisión que debió haber tomado, cumplir con los acuerdos firmados, avanzando en los pendientes de avanzar para solucionar la crisis”, dijo Pallais.
El exvicecanciller, señaló que cualquier resolución que se tome en Medellín estará condenando al gobierno de Ortega por la “ruptura del orden democrático” y los pasos insuficientes en las negociaciones que permitan un adelanto de elecciones.
En la historia de la OEA, únicamente dos suspensiones han aplicado, Cuba en 1962 y se mantiene fuera hasta la fecha; y Honduras en 2009 que fue reincorporada en 2011.
Esta semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que espera que antes de la reunión el gobierno nicaragüense cumpla con los acuerdos firmados en el diálogo nacional, particularmente en lo vinculado a la liberación de los manifestantes.
Para esta sesión de la OEA, el gobierno de Nicaragua ya no contaría con el voto de Venezuela, cuyo asiento en el Consejo Permanente desde el pasado 17 de abril lo ocupa Gustavo Tarre, embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó.
El voto de El Salvador, tampoco podrá ser tomado en cuenta por el gobierno nicaragüense, debido a que el presidente Nayib Bukele, ha manifestado públicamente su descontento con el presidente Ortega.
Las consecuencias
Para Edgard Parrales, exembajador y representante permanente de Nicaragua ante la OEA en los años ochenta, todos estos plazos que ponen contra las cuerdas al gobierno de Nicaragua, lo dejan en una “perspectiva bastante oscura”.
“Todas (las fechas) son importantes, hasta cierto punto son como una medida para acuciar al gobierno desde distintos ángulos (…) Son meramente coincidencias”, afirmó Parrales.
Estos términos abren dos caminos al presidente Ortega, señaló el exdiplomático.
“Si él entiende que se le acaba el tiempo, y logra entrar a un proceso de verdadero diálogo, y de restitución de la democracia entonces la cosa (crisis) puede terminar pronto, pero si insiste en sus necedades todas esas sanciones van a caer, obviamente van a tratar de resistir, pero la población podría estar sufriendo los efectos”, advirtió Parrales.
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Para Pallais, junio es un mes importante, donde han coincidido temas fundamentales para el futuro del mismo gobierno y de los nicaragüenses.
Se abre una “posibilidad de salir de la crisis o de caer más profundamente en ella”, afirmó Pallais.
“Los tiempos no los define Ortega, los tiempos son fatales, así están establecidos y han coincidido por cuanto Ortega ha alargado demasiado la solución de la crisis”, señaló Pallais.
El negociador de la oposición en la mesa del diálogo cree que Ortega ha estado esperando que la comunidad internacional “se olvide o se canse de Nicaragua”.
