La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) se sumó este martes a las condenas expresadas por diferentes gremios empresariales, por el cierre de negocios ordenado por el Gobierno como represalias a quienes se sumaron al paro del 23 de mayo, en solidaridad con los manifestantes presos.
“Hemos visto con suma preocupación, impotencia e indignación cómo pequeñas, medianas y grandes empresas están siendo víctimas de cierre, amenazas, inspecciones inesperadas y cualquier otro tipo de represalias por manifestar su solidaridad con los presos políticos, exigir el respeto a nuestros derechos constitucionales o protestar por la crisis que atraviesa el país y por sumarse a iniciativas ciudadanas”, manifestó AmCham en un comunicado.
El pronunciamiento añade que AmCham entregará la información de los negocios afectados, a los garantes internacionales en la mesa del diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica.
AmCham documentará cada caso y brindará asesoría sobre “derechos y recursos administrativos y judiciales” a los dueños de los negocios, la mayoría farmacias, que fueron cerradas por orden del Gobierno por participar en el paro nacional del 23 de mayo.
“Expresamos nuestra más enérgica condena a estos actos arbitrarios. Respaldamos a nuestras empresas socias que están siendo víctimas de estas medidas y hacemos un llamado al Gobierno, nuevamente, a respetar los derechos de los ciudadanos”, informó la cámara empresarial del país.
AmCham levantará un listado de cada situación, bajo la norma de confidencialidad en los casos que indiquen por “temores a mayores represalias”, para lo cual está invitando a sus socios a que reporten las “amenazas, abusos y/o situaciones anómalas”, escribiendo al correo publicrelations@amcham.org.ni o llamando al teléfono 2266-2758.
Mala imagen
Mario Amador, directivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), advirtió que el cierre individual de empresas es negativo para el comercio, y sobre todo, para la imagen del país.
“Tenemos que garantizar que el país tenga imagen positiva para poder atraer inversión extranjera y nacional, Nicaragua no puede vivir sin inversiones nacionales y extranjeras”, afirmó el empresario.
Consideró que los actos del Gobierno contra las empresas podrían alejar las inversiones nacionales y extranjeras.
A su criterio, las empresas necesitan seguridad jurídica para que puedan trabajar en el país.
“Una vez que tenés seguridad jurídica, tenés seguridad total. Si no tenés seguridad jurídica y se te sale de las manos, la gente va a buscar otros lugares donde invertir”, destacó.
Amador dijo desconocer cuántas empresas han sido cerradas por el Gobierno, por sumarse al último paro nacional. “Sin embargo, sí hay cancelación de empresas por efectos políticos; eso no es bien visto por nadie, nos sumaríamos a la posición del Cosep”, subrayó.
Agregó que urgen garantías a “la libertad de las personas y de los negocios”.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) anunció que expondrá este miércoles a los dueños de negocios afectados una ruta jurídica para demandar la restitución de sus derechos y posiblemente puedan reabrir sus locales.
Jose Adán Aguerri, presidente del Cosep, señaló que el Gobierno está actuando en contra del sector farmacéutico, principalmente, y les recomendó acudir al Ministerio de Salud para entablar una demanda, y si no prospera, recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
