La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) alega que el Gobierno de Nicaragua ha incumplido 26 compromisos de los dos acuerdos firmados en la mesa del diálogo para la liberación de los manifestantes presos y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
El informe argumenta que las autoridades se niegan a devolver 4,673 manzanas de tierra de 29 propiedades en siete departamentos del país, tomadas ilegalmente por simpatizantes del Gobierno por razones políticas.
También denuncia que desde la firma del acuerdo se “registran 14 incendios provocados en propiedades privadas de ciudadanos opositores”.
Además, reporta el asedio y cierres forzados de negocios que participaron en paro nacional convocado por la Alianza el día 23 de mayo.
Menciona que desde el 29 de marzo “no se ha regresado las licencias de funcionamiento ni propiedades a los medios de comunicación escritos, televisivos o radiales intervenidos ilegalmente por el Gobierno”, ni se ha levantado la retención aduanera de insumos y materiales para los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa.
Entre otras violaciones, el informe también señala que desde el 29 de marzo, “más de 200 personas han sido detenidas por participar en plantones pacíficos, en su mayoría han sido liberados después de interrogatorios”.
“Se han registrado cinco detenciones arbitrarias de las personas que regresan al país. El hecho más reciente fue el de 16 nicaragüenses deportados y enviados directamente a El Chipote para investigaciones”, denuncia la ACJD en el documento.
Señala también que la Policía ha negado el permiso a cinco solicitudes de marchas a pesar de presentar los requisitos de ley, entre otros aspectos que componen la lista de incumplimientos.
“El acuerdo de restitución de derechos y garantías cumplió 2 meses sin que el Gobierno cumpla; fue firmado el 29 de marzo y no ha habido voluntad (de aplicarlo)”, indicó José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica.
Preocupación
La ACJD detalla la violación del Gobierno a ocho puntos del acuerdo sobre la liberación de los ciudadanos encarcelados por protestar y 18 incumplimientos al acuerdo para el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
Lo primero es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue “invitado” por el Gobierno el 27 de mayo como observador en la excarcelación de 100 manifestantes presos, cuando el convenio indica que su papel es de “facilitador” del proceso para todos los casos.
El Gobierno tampoco ha “facilitado la conciliación de los considerados por ellos como presos comunes, no vinculados, o supuestamente liberados o nunca capturados”, y la Alianza plantea su preocupación al advertir “un posible incumplimiento de la excarcelación de al menos 85 presos”.
Destaca que hasta el 27 de mayo se habían excarcelado a 336 personas de manera unilateral por parte del Gobierno, pero “fuera del procedimiento que fue presentado por el CICR”, haciendo ver que el acuerdo implica cumplir con determinados estándares exigidos por la Cruz Roja.
Por esos incumplimientos, el CICR no ha podido darle seguimiento a los casos de unos 236 excarcelados.
El comité, hasta el 27 de mayo, ha visitado tres veces a los manifestantes presos, “en el marco de procesos normales”, pero estas visitas “no han repercutido en los cambios y mejoras de las condiciones carcelarias de los presos y se carece de informes de tales visitas, así como las condiciones en que se encuentran los reos”, dice la Alianza en su documento.
Condiciones inhumanas
El Gobierno, según la denuncia de la ACJD, mantiene “a más de 17 presos en aislamiento y confinados en celdas infrahumanas”.
Destaca que en la mesa de negociación con el Gobierno, la Alianza pidió hacer visitas especiales “tras la denuncia de golpes a presos en la cárcel La Modelo y La Esperanza, pidiendo a testigos y acompañantes (de la mesa del diálogo) informes de los sucesos en que se dio la muerte del preso político Eddy Montes Praslin.
En total detallan 18 incumplimientos a este acuerdo, manifiesta la Alianza.
En su informe, la ACJD menciona que desde el 29 de marzo a la fecha se han registrado más de “70 secuestros por la Policía o fuerzas parapoliciales”, sin que esas personas hayan sido puestas bajo la “disposición de un juez o autoridad competente”, entre otras violaciones a los procesos legales establecidos en la ley.
Después del 29 de marzo y hasta el 27 de mayo, recalcó la Alianza, “no se ha devuelto ninguna de las propiedades intervenidas” por fuerzas partidarias progubernamentales, afirma el informe.
