Una vez que pasó el período de seis meses que contempla la ley Nica Act para acceder a una especie de waiver y que se publicaron las sanciones a cuatro funcionarios nicaragüenses, pasará un año más para que el gobierno de Daniel Ortega vuelva a ser evaluado en Estados Unidos y opte a otra dispensa; mientras tanto, según el diputado opositor y expresidente del Banco Central, Alfredo César, los fondos de las instituciones multilaterales continuarán bloqueadas, lo cual golpeará más a la economía del país, y aumenta las posibilidades de más sanciones internacionales.
¿Cómo funciona el “waiver” que establece la Nica Act?
La Ley Nica Act contempla una especie de waiver (o dispensa), pero como ya se vio, el gobierno (de Estados Unidos) no lo solicitó, porque al contrario, se mostró crítico de la actitud del gobierno de Ortega. Eso quiere decir que ya están congelados un año más los fondos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo para Nicaragua.
Desde el 21 de diciembre (2018) que entró en vigencia la Nica Act, un día después de que el presidente (Donald) Trump la firmó, comenzaron a correr los seis meses de gracias para que el gobierno de Trump evaluara el comportamiento de (Daniel) Ortega con respecto a los derechos humanos, la democracia y la corrupción.
Ese plazo de seis meses se venció este viernes. Si el gobierno de Trump hubiera visto que se enderezó el gobierno de Ortega, que ya no se están violando los derechos humanos, que ya no hay represión, que se está combatiendo la corrupción, que se están preparando las condiciones para restablecer la democracia. Si eso lo hubiera visto el gobierno de Trump, hubiera pedido un waiver por un año para no aplicar las sanciones. Si eso hubiera ocurrido, el gobierno de Trump se lo pide al Congreso de su país y normalmente el Congreso se lo aprueba. En ese caso, se hubieran abierto los préstamos del Banco Mundial y del BID, y también de un acuerdo entre el Banco Central con el Fondo Monetario.
¿Hubiera evitado las sanciones a funcionarios?
Tampoco hubiera habido sanciones. Pero hay que hacer la aclaración: hay una sanción económica, que es general para el país, porque es el bloqueo de dinero de las instituciones financieras internacionales, lo cual afecta a todo el país; y luego están las sanciones individuales, que son las cuatro que salieron ayer. No hubiera habido ninguna de las dos cosas. Pero como el gobierno de Ortega en estos seis meses no corrigió, sino más bien en algunos casos profundizó la represión, el gobierno de Trump consideró que ni siquiera iba a pedirle al Congreso el waiver, y por lo tanto las sanciones se impusieron.
Ahora, hasta el 21 de junio del 2020 puede regresar el gobierno de Estados Unidos al Congreso a pedir el waiver, si acaso en este año hubo un comportamiento positivo. O sea que ya estamos fritos. En cuanto al ingreso de fondos de los organismos internacionales, no habrá dinero en el segundo semestre de este año (2019) ni para el primer semestre del próximo (2020).
¿Considera que es una oportunidad perdida para superar la crisis de Nicaragua?
Por supuesto que sí, y además es gravísimo, porque la economía sigue cayendo en todos los frentes, y obviamente al desperdiciar la posibilidad del waiver para que no hubiera sanciones, ni generales ni individuales lo que estamos preparando es un segundo semestre de 2019 catastrófico para la economía. Es una oportunidad perdida, con graves consecuencias.
¿En este nuevo año, antes que el gobierno estadounidense haga un nuevo informe al Congreso, qué acontecimientos podrían ocurrir vinculados con la Nica Act?
Fijate que el ritmo en que se han venido imponiendo las sanciones para funcionarios del gobierno de Nicaragua se ha venido acelerando. Recordemos que el presidente Trump tiene a su disposición tres instrumentos para sancionar. Tiene la Global Magnitsky Act que se aplicó a los primeros sancionados del año pasado. Se le aplicó a Roberto Rivas, Francisco López, a Francisco Díaz y a Fidel Moreno. Esa herramienta ahí está todavía en manos del presidente.
La segunda herramienta vino en noviembre del año pasado y es la orden ejecutiva que firmó el propio presidente, declarando a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Basada en esa orden ejecutiva sancionó a Rosario Murillo y (Néstor) Moncada Lau, en el mes de noviembre del año pasado. Esa orden ejecutiva continúa vigente y disponible para el presidente Trump para utilizarla.
Y ahora hay una tercera, que es la Nica Act, con la que también puede sancionar por violaciones a derechos humanos y por corrupción.
Es interesante que de los cuatros funcionarios sancionados el viernes, dos son sancionados por la Nica Act: Gustavo Porras y la ministra Sonia Castro; y dos por la orden ejecutiva: el ministro del MTI, general Mojica, y Orlando Castillo, de Telcor. A ninguno se le aplicó ayer (viernes) la Ley Magnitsky.
Todo esto es para decirte que el tiempo de puesta de sanciones se ha ido acortando. Antes entre una sanción y otra pasaban seis meses, después cuatro meses. Pero ahora pasaron dos meses, porque Laureano Ortega fue sancionado a mediados de abril y ahora el 21 de junio fueron cuatro más. O sea que cada dos meses más o menos, estoy viendo que el gobierno americano evalúa y vuelve a sancionar al que le toca.
¿Cuál es la sanción más significativa de las cuatro recientes?
En mi opinión la sanción al general Mojica, aunque es cierto que golpea duro a todos los proyectos de infraestructura, porque él tiene que firmar todos esos préstamos de los proyectos de carreteras, puentes y demás obras, y ahora ya no puede, lo más relevante es que envía un mensaje fuerte al Ejército. Aunque él está retirado es un general y llegó a ser el número dos del ejército antes de retirarse. Ahora lo sancionan, y es el primer militar de alto rango que está sancionado en este país, y es un mensaje a todos los generales.
¿Podría haber renuncia de estos funcionarios los próximos días?
Actualmente solo dos han renunciado. De los doce sancionados por los Estados Unidos, Canadá sancionó ayer (viernes) a nueve de ellos. Roberto Rivas y Francisco López renunciaron a todos los cargos del Estado, y la otra persona sancionada es la esposa de Roberto Rivas, que nunca ha tenido cargo del Estado. Entonces, seguro Canadá decidió no sancionarlos porque ya no son funcionarios del Estado. De los doce, repitieron la sanción a los nueve que no han renunciado. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional (Gustavo Porras) también queda imposibilitado de poder firmar las cuentas y cheques de la Asamblea. Pero también queda dándole un tinte de mucha ilegitimidad a todo el parlamento, porque él lo preside. Es un problema serio.
¿Qué impulsa a Canadá a sancionar a estos funcionarios de Nicaragua el mismo día que lo hizo Estados Unidos?
Porque hubo una visita oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el día antes. Mientras estaba el presidente Trump con el primer ministro Trudeau, la cancillera de Canadá se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y se pusieron de acuerdo en presionar a Ortega. Acordémonos además que en la OEA hay un grupo de trabajo sobre Nicaragua, compuesto por doce países, que incluye a Estados Unidos y Canadá. Esa es la razón por la que Canadá entra y dejame recordar que Canadá es la que preside el grupo de trabajo en la OEA.
Ahora, esto puede extenderse, porque cuando Estados Unidos sanciona, Europa no necesariamente lo sigue porque siempre considera que este país es muy duro con las sanciones. Pero cuando sanciona Canadá, Europa se fija mucho, porque se parece mucho a ellos. A mí no me sorprendería si vinieran sanciones de Europa.
En el aspecto económico, ¿es serio el problema de no poder acceder a préstamos del FMI?
Así es. El Banco Central está necesitado de un acuerdo con el Fondo Monetario y no va a poder hacerlo, por la Nica Act.
Lo que ocurre es lo siguiente: el Banco Monetario es como el banco central de los bancos centrales de los países. A él recurren los bancos centrales de cada país. Ahora, los bancos centrales tienen las reservas internacionales, que son las que dan la estabilidad de la moneda. Pero cuando un país enfrenta una crisis económica, o una crisis sociopolítica, como el caso de nosotros, y las reservas del banco central se disminuyen, como lo que ha habido en Nicaragua en los últimos 14 meses, recurren al Fondo Monetario para que les haga un préstamo muy blando y un plazo suficiente para reponer las reservas que se han perdido.
En Nicaragua es lo que debería hacer el Banco Central ahorita, y es urgente, pero al día de hoy, que ya terminó la posibilidad de acceder a un waiver, el Gobierno tiene que estar claro de que eso no va a venir. No va a haber préstamos con el Fondo Monetario, ni va a haber proyectos con el Banco Mundial ni el BID. Entonces, ahora sí se debe hacer una reforma presupuestaria, porque las autoridades financieras del país están en la obligación de hacerlo. Y también deberían ajustar la Ley de Reforma de la Ley de Concertación Tributaria y quitarle un poco de presión de la que le metieron y puedan las empresas respirar. Estas reformas se deben de hacer para proyectar el año con realismo.