El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró "inaceptable" el uso de "fuerza letal" en el marco de la crisis en Nicaragua y reclamó al Gobierno que garantice la protección de los ciudadanos.
"El secretario general deplora y condena la violencia contra civiles, incluida contra estudiantes", dijo su portavoz, Farhan Haq, preguntado al respecto en una conferencia de prensa.
Según Haq, Guterres considera que "el uso de fuerza letal no es solo inaceptable, sino que es en sí mismo un obstáculo para lograr una solución política a la actual crisis".
EE. UU. presiona
Estados Unidos urgió el lunes al presidente Daniel Ortega poner fin "de inmediato" la represión de protestas opositoras y a atender los reclamos de los manifestantes, alentando el adelanto de las elecciones como salida a una crisis que deja más de 360 muertos.
El gobierno estadounidense también revocó más visas a funcionarios de Nicaragua este lunes, sin especificar cuántas y a quiénes. Antes, había quitado visas a 25 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares, y había a tres funcionarios bajo la Ley Global Magnitsky.
"Instamos a Ortega a que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
“Las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes son el mejor camino hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua", añadió en el comunicado.
Declaración en Bruselas
Doce países de América Latina, entre ellos Costa Rica y Honduras, exigieron este lunes en una declaración conjunta el "cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos paramilitares".
Estos países condenaron además la violencia que provocó la "pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos" en este país centroamericano, así como la "represión" contra estudiantes y civiles, reza la declaración difundida por la cancillería brasileña.
Además de Costa Rica y Honduras, la "declaración especial sobre la situación en Nicaragua” la apoyan Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú todos ellos pertenecientes al Grupo de Lima, así como Uruguay y Ecuador.
Los 12 instan además al gobierno nicaragüense a "reactivar el diálogo nacional" que "involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles" y expresan su apoyo a los obispos en su trabajo "en pro de la búsqueda y promoción de soluciones al conflicto".
El gobierno de Daniel Ortega y "otros actores sociales" deben demostrar, en su opinión, su "compromiso" con resultados concretos sobre los "desafíos fundamentales del país", como "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas" en Nicaragua, según la declaración.
Desde el 18 de abril, más de 360 personas han perdido la vida en una oleada de protestas contra una reforma del sistema de pensiones que se convirtieron en un clamor para exigir la salida del poder de Ortega.
La declaración de los 12 países está fechada en Bruselas, donde tiene lugar hasta este martes una reunión de los cancilleres de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La situación en el país centroamericano se abordó también en el primer día de reunión, después que Chile anunciara que su canciller Roberto Ampuero llevaría el tema a la cita y la ministra de Costa Rica, Epsy Campbell, adelantara que pediría un pronunciamiento del foro.
Un día antes, la diplomacia europea había condenado "los actos de violencia contra estudiantes y civiles" en Nicaragua, urgiendo a "cesar toda violencia" y a lograr "una solución pacífica y democrática en el país en el marco del diálogo nacional".
"Va de mal en peor "
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", tras la violencia y víctimas mortales en el país centroamericano.
"Realmente la situación va de mal en peor", comentó el político a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la Unión Europea.
El Ministerio francés de Exteriores condenó los ataques perpetrados en los últimos días por las fuerzas policiales y paramilitares contra responsables religiosos y manifestantes pacíficos en Nicaragua y pidieron a las autoridades del país que cese la represión y la violencia.
Las autoridades francesas reclamaron a las de Nicaragua que cumplan su compromiso en favor de ese diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Piden intervención de la ONU
Siete expresidentes de Costa Rica suscribieron una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de una visita a San José, para que intervenga en la promoción de una solución pacífica a la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua desde hace casi tres meses.
"Solicitamos su valiosa intervención para que Naciones Unidas con la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de NNUU, intervenga para promover una solución que restablezca, a la brevedad posible, la paz y la democracia en Nicaragua", indica la misiva.
La carta está firmada por los expresidentes Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010 y premio Nobel de la Paz), Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006), Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018).
En la carta, los expresidentes expresan su temor de que la continuación de la violencia en Nicaragua "podría muy bien desencadenar una nueva guerra civil en esa nación con enorme sufrimiento para sus habitantes, con enorme perjuicio para el resto de Centroamérica y poniendo en grave riesgo la estabilidad y la paz de otros países de la región".
Los exmandatarios también aseguran que "la decisión del pasado día 7 de julio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de no aceptar la propuesta de adelanto de elecciones y la continuación de la violencia de la policía y de turbas parapoliciales matando manifestantes en diversas ciudades de Nicaragua, torna muy impredecible la continuación del diálogo y hace difícil prever un cese a la violencia".